En la frenética carrera para acabar con la pandemia no solo compiten las grandes farmacéuticas. Los países también se están moviendo ágilmente para garantizar su acceso a la vacuna. Sin embargo, el panorama para Colombia todavía no es muy claro en este frente.
Desde hace 40 años Colombia decidió no producir vacunas y unirse a un grupo de países latinoamericanos para comprarlas en conjunto y obtener los beneficios de la economía de escala.
Esta idea resultó muy buena en términos de salud pública, pues América fue uno de los primeros continentes del mundo en eliminar la poliomielitis y hoy tiene bajo control el sarampión y la rubéola. Pero desincentivó la industria privada, que actualmente debería estar construyendo sus instalaciones para producir la futura vacuna contra el coronavirus y asegurar el abastecimiento del país.
Colombia tiene una industria farmacéutica local robusta, con presencia de empresas nacionales y extranjeras que manejan unos 90 laboratorios que producen medicamentos en la nación. No obstante, ninguno de ellos tiene capacidad de fabricar vacunas porque carecen de las instalaciones requeridas, y tampoco cuentan con una referencia de precios adecuada para animarse a invertir.
Justamente por la decisión de comprar las vacunas mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas salen al menor precio posible, lo que hace difícil que nuevos competidores logren entrar.
A esta dificultad se suma otro problema coyuntural: aún nadie sabe cuál modelo de vacuna contra el coronavirus finalmente demuestre su efectividad.
En la carrera compiten 155 grupos de investigación por dos caminos. Por un lado, el de la vacuna tradicional, que inyecta un virus atenuado para que el organismo desarrolle defensas. Y por el otro, una innovación en el campo de las vacunas que consiste en modificar genéticamente las células de quien es inoculado. En este caso se trata de que las células produzcan la proteína que aprovecha el coronavirus para entrar al cuerpo, lo que produce además los anticuerpos para defenderse.
El esquema que resulte exitoso definirá el tipo de laboratorio. Si se trata del modelo de vector o virus atenuado, requeriría grandes medidas de seguridad en el laboratorio para evitar una fuga del virus. Una planta de vacunas con esas contenciones específicas tiene un costo por metro cuadrado de entre 180.000 y 240.000 dólares, una inversión enorme que no solo requiere músculo financiero, sino garantía de compra.
Propiedad industrial, ¿el coco?
En el caso hipotético de que el país pudiera producir vacunas, como sucede hoy con medicamentos genéricos de muy buena calidad, habría que resolver el escollo de la propiedad intelectual.
Tradicionalmente, este ha sido un tema espinoso en la industria farmacéutica. Quienes desarrollan fármacos innovadores tienen derecho a una patente para tener su dominio exclusivo por 20 años. Eso les permite cobrar el precio que consideren adecuado, dado que carecen de competencia. Esto ha llevado a entidades no gubernamentales y Gobiernos a pedir recortar los años de protección de las patentes y reducir los precios.
Hay un caso emblemático: Zolgensma, un medicamento de Novartis que sirve para tratar la atrofia muscular espinal, considerado el más costoso del mundo: 2,1 millones de dólares por dosis. Un precio que muchos consideran inmoral, pero que según la farmacéutica, es inferior a lo que cuesta el tratamiento tradicional, que se suministra de por vida y solo en los diez primeros años vale 4 millones de dólares.
Es un hecho que desarrollar una vacuna es costoso y toma varios años, aunque en esta ocasión, por la pandemia, lo están haciendo en tiempo récord.
Por la urgencia, muchos países que no cuentan con recursos para patrocinar a los laboratorios piensan que en esta coyuntura no debería haber una patente.
De hecho, un grupo de 37 naciones liderado por Costa Rica, entre los que está
Colombia, lanzó con la Organización Mundial de la Salud el Repositorio de Derechos de Covid-19 (CAP, por sus siglas en inglés), una plataforma para compartir datos, conocimiento y propiedad intelectual que facilita el acceso equitativo a productos para tratar la enfermedad. La idea es que vacunas, pruebas y medicamentos estén disponibles como bienes públicos globales.
No obstante, las multinacionales biofarmacéuticas tienen otra idea. Rafael Díaz-Granados dirige la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), que reúne a empresas del sector y a gremios como Afidro. Asegura que la crisis no puede llevar a reducir las protecciones de la propiedad intelectual, pues esta justamente sirve de marco para la innovación.
“Las farmacéuticas que están investigando se han comprometido a asegurar que el acceso exista para todos los países. Lo importante es lograr un balance entre acceso y marco de propiedad intelectual”, dice. Agrega que el trabajo que realizan las multinacionales no solo busca eficacia contra la covid-19, sino también bioseguridad.
