En una rueda de prensa, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, entregó un nuevo balance de las irregularidades que ha evidenciado en contratos para atender la pandemia de coronavirus. Según el contralor, hasta la fecha la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) ha revisado registros por 5 billones de pesos, equivalentes al 22,2 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los últimos tres meses.
En esa revisión, el organismo detectó que el 49 por ciento de los contratos con el covid-19 han tenido como objetivo la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, con un costo de 2,44 billones de pesos.
El 51 por ciento de los contratos restantes son de prestación de servicios, que tienen un valor de 2,56 billones.
Durante el examen, la Contraloría ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos, cuyo valor es de 506.000 millones de pesos. Eso significa que las irregularidades detectadas crecieron en una importante suma desde el 17 de junio, cuando se hizo el último corte, pues a esa fecha las irregularidades sumaban 484.000 millones.
También crecieron las alertas, pues en la última fecha del reporte había 340.
Según el organismo de control fiscal, el 40 por ciento de los contratos del coronavirus con alertas tienen origen en los recursos de departamentos de 26 gobernaciones.
Estas alertas de la Diari llevaron a las administraciones locales a renegociar contratos que inicialmente valían 129.226 millones de pesos, lo que hizo que su monto bajara a 80.233 millones de pesos.
Pero, además, la Contraloría está revisando 78 proyectos para atender el coronavirus, que se están financiando con regalías y que tienen un valor de 321.444 millones de pesos.
El objeto generalizado de esos contratos es el fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología para atender los problemas de agentes biológicos de alto riesgo para la salud. De esos 78 proyectos, 53 están aprobados y 25 (que cuestan 77.373 millones de pesos) están pendientes de aprobación.
La Contraloría evidenció que esos proyectos tienen una ejecución de 12 meses, lo que significa que aunque su objeto es el coronavirus, no van a estar listos en el corto plazo.
"No nos va a servir para atender la pandemia, o para tener mejor atención en la misma", dijo el contralor Córdoba.
Elefantes blancos
Otro resultado que la Contraloría General entregó este jueves tiene que ver con los elefantes blancos que han detectado, es decir, obras inconclusas.
Según el organismo de control, se han identificado 1.300 obras abandonadas o sin avance en todo el país, que tienen un costo de más de 20 billones de pesos en inversiones.
El organismo de control adelantó un proceso de georreferenciación para poder encontrar estos elefantes blancos, sacar imágenes satelitales de ellos y emitir alertas sobre los mismos.
Los sectores con más elefantes blancos son los de agua potable, saneamiento básico, educación, transporte, vivienda, deporte, salud y protección social.
Un ejemplo de esos elefantes blancos es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, que tenía como fin implementar la jornada única estudiantil, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y superar el déficit de aulas educativa.
Así, de 541 instituciones que debían estar terminadas, a junio de este año solo se han terminado obras en 162 colegios, de los cuales solo 35 se han entregado a las comunidades y estudiantes.
En este caso, la Contraloría aseguró que el avance de ese proyecto en cuanto a las obras entregadas es apenas del 6 por ciento, y en el caso de las obras terminadas, del 30 por ciento.
Los retrasos en esas obras se dan principalmente por el incumplimiento de contratistas como Mota-Engil o Germán Mora Insuasti.
Por este caso, la Contraloría lleva un proceso de responsabilidad fiscal por 559.853 millones.
“Son verdaderos 'mamuts', símbolos del despilfarro de los recursos públicos, la ineficiencia en la ejecución de proyectos y el reflejo de la inoperancia en el funcionamiento del Estado”, dijo Córdoba.
