En reunión entre el Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, organizaciones solidarias del Ministerio de Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (ONUAA, más conocida como FAO), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, se socializó y generó un plan de acción para la implementación en el Meta de la Ley 2046 de 2020, "Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en los mercados de compras públicas de alimentos", que permite articular la demanda institucional pública de alimentos, con la producción local en el Departamento.
Julio Andrés Romero López, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, destacó la importancia de esta Ley para empezar a articular esa demanda de alimentos institucional pública, con la producción local. “Es el primer paso para ver cómo podemos engranar con la producción local de alimentos en el departamento del Meta, lógicamente esperando el decreto reglamentario que es responsabilidad del Ministerio y la creación de la mesa técnica”, explicó.
La Ley, según explicó el funcionario, establece que las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta y entidades privadas están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones.
Incluye a entidades que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, y que contraten con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención. “Es revisar cómo podemos priorizar, porque la Ley determina y es de carácter obligatorio el 30% de esa demanda de esos productos, en fresco y transformados, deben ser comprados directamente a nuestros campesinos” precisó Romero López.
Por otra parte, el funcionario insistió en que, además, el artículo 6 de la Ley establece la facilitación de pedagogía y el seguimiento territorial, en temas como seguridad y soberanía alimentaria, pérdida y desperdicio de alimentos (PDA), agroecología, diseño de estrategias, que garanticen la participación y la compra a pequeños productores locales y de la ACFC en calidad de abastecedores alimentarios, “Lo que posibilita que nuestros campesinos cumplan con las competencias y estén capacitados para postularse a estas compras y poder competir en el mercado que ofrece el sector público”. Ahora viene la creación de base datos, análisis y caracterización de proveedores, y con el Ministerio se inicia una convocatoria con instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fuerzas Militares y de Policía, hospitales, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a través de la Secretaría de Educación del Meta y el Inpec, entre otras, para conocer la demanda alimentos.
