Una adenda promovida por el congresista Jim McGovern podría llevar a que el Gobierno estadounidense indague sobre las interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos que ha habido en Colombia desde 2002 hasta 2020.
En la noche del pasado martes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio un contundente mensaje a Colombia, tras décadas de escándalos de “chuzadas” y seguimientos ilegales a manos las Fuerzas Militares, que todos los años reciben millones en financiación estadounidense. La Cámara Baja aprobó una enmienda al presupuesto de seguridad norteamericano sobre los recursos que le giran al Gobierno colombiano, en la cual obligaría al Departamento de Defensa a investigar a fondo todas las denuncias de posibles usos ilegales que se le han dado a estos dineros y equipos en Colombia en los últimos 18 años. A la iniciativa todavía le falta el visto bueno del Senado.
La propuesta la hizo el representante demócrata del estado de Massachusetts, Jim McGovern, quien se ha vuelto un defensor del Acuerdo de Paz en Colombia, y es una herramienta para que el Gobierno de Donald Trump obligue a las autoridades colombianas a rendir cuentas sobre los malos usos de la inteligencia, según se lee en la adenda. Asimismo, la medida hace parte de un gran paquete de iniciativas que fueron aprobadas en la Cámara el pasado martes, entre las que está, por ejemplo, la de la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez de no financiar la fumigación aérea con glifosato en tanto no cumpla con los estándares que la propia Corte Constitucional colombiana ha impuesto.
Si la propuesta de McGovern se convierte en ley, el Gobierno de EE. UU. tendrá 120 días para elaborar un informe sobre las “chuzadas”, en estos términos: “El Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presentará a los comités competentes del Congreso un informe que evalúe las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los EE. UU. proporcionada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de los derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición”.
A la iniciativa solo le falta una discusión en el Senado —dominado por el partido de Gobierno, los republicanos—para volverse ley. Sin embargo, llega en un momento crítico para la Fuerza Pública, que se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos de “chuzadas”. Desde los varios casos en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); pasando por la Operación Andrómeda, en la que militares buscaban información sobre las negociaciones con las Farc en La Habana; hasta el más reciente escándalo de perfilamientos y seguimientos informáticos, llamado “carpetas secretas”, y por el que ya salieron del Ejército tres generales.
La adenda parte de los principios de que Estados Unidos reconoce a Colombia como un “compañero” comprometido en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la seguridad. No obstante, aclara que “ningún equipo o suministro militar o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en el marco de los programas de asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos debe utilizarse con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”.
